Caso PROINCO: La estafa más grande del Ecuador en los últimos 14 años

En 2016, la Superintendencia de Banco descubrió que la organización liderada por Santiago Ribadeneira provocara la miseria de 1.354 familias, mismas que depositaron ahorros a plazo fijo en empresas fantasmas.

Luego de seis años de la liquidación forzosa de Proinco Sociedad Financiera, solo el 1% de las personas implicadas ha podido recibir su dinero de vuelta y el 99% de perjudicados sigue a la espera de una solución; y del total de implicados solo Ribadeneria fue condenando a una sentencia de 13 años y cuatro meses de cárcel, además del pago de una indemnización económica de USD 98,8 millones.

Por otra parte, la presidenta del Comité de Victimas PROINCO, Gisella Coralles, aclaró que este juicio esta dividió en 2 partes, el primero, la sentencia de la cabecilla de la organización financiera, y el segundo, es el juicio a los captadores, denominado “PROINCO 2” que se refiere a la estafa de los asesores comerciales que fueron responsables e encubridores.

Hasta el momento, se conoce que la fiscal Grace Pazmiño Celi, se abstiene de acusar, por el hecho de que no ha encontrado indicios de algún delito en contra los captadores de Proinco.

“La abstención de la fiscal tiene mucho peso, ahora solo estamos a la espera del tribunal que tome sentencia de dicha abstención”, así mencionó, Jaime Acosta, asesor legal del Comité de las Víctimas.

De acuerdo con la presidenta del comité, ya no existe manera de apelar al juicio. Ella asegura que solicitaron una reunión para la entrega de una carta, pero fueron rechazados por parte de la fiscal a cargo del caso.

“En el país no hay justicia, no se tomó en cuenta el dolor, la enfermedad, el grado de vulnerabilidad de las víctimas”, manifestó Corrales.

Se conoce que del caso han sido proceso solo 16 captadores, el resto huyeron del país.

La directiva ha organizado gestiones con la Asamblea Nacional para que la Comisión de Transparencia emita un exhorto para realizar con exactitud el proceso de calificación de creencias ya que existen inconsistencias emitidas por la Superintendencia de Bancos con respecto a los datos de liquidadores para que se incluya a todos los perjudicados para el cobro del seguro de depósitos. Sin embargo, no existe respuesta alguna debido a no se ha dispuesto de una nueva autoridad a cargo de la Superintendencia.

Finalmente, Gisella mencionó que tras la sentencia del juicio y más la respuesta de la autoridad de la Superintendencia contarían con elementos suficientes para presentar el informe final a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer una demanda al Estado.