EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El filósofo francés barón de Montesquieu, el año 1748, publicó un libro titulado “El espíritu de las leyes” que propone la separación del poder absoluto de los reyes en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Su propuesta se propagó de inmediato en todo el mundo conocido y fue la base sobre la cual se edificó la primera democracia en Estados Unidos en 1776. Desde entonces todas las naciones democráticas que se formaron adoptaron como forma de ser gobernadas esta separación en tres poderes.

Durante el siglo XX , con años de experiencia en un gran número de países, surgió la teoría política de que a las tres funciones clásicas había que agregar una adicional: la electoral, dado que los procesos eleccionarios requería autonomía para garantizar el respeto al voto ciudadano. En esta lucha por lograr elecciones limpias se destacó el ex Presidente José María Velasco Ibarra, en nuestro caso, quien en los años 30 del siglo XX fue el abanderado contra el fraude liberal que se practicaba de manera recurrente.

Con el advenimiento del Eco. Rafael Correa, ya en este siglo XXI, se impulsó una nueva Constitución para el Ecuador, de las tantas que hemos tenido, en la cual se incorporaron una cantidad de novedades, entre otras y que merece atención en esta reflexión: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el cual se postula generar el quinto poder del Estado. Un organismo elegido por los ciudadanos que tiene como funciones designar a las más altas autoridades de control como: Procurador General, Contralor, Superintendentes de Bancos, de Compañías, Fiscal General etc. y el otro rol importante es ejercer control ciudadano respecto a tantas actividades del Estado como necesidades tiene la sociedad. En teoría suena muy loable la intención de que este organismo, manejado por los ciudadanos, ejerza funciones de designación a altas autoridades del Estado y cumpla tareas de control acorde con la honestidad con la que deben ser manejados los recursos públicos.

La novedad correísta ha demostrado, en sus más de diez años de existencia, las fallas que en la práctica ocasiona. Eso de que cada consejero o consejera son absolutamente independientes del poder político o de cualquier otra influencia es tan falso como una bambalina que no por brillar es oro. Las mujeres y hombres que se eligen como vocales, que son siete, están sujetos a influencias, presiones, pedidos, palanqueos y recomendaciones de todo tipo; esto es evidente y normal, las presiones les viene de quienes pueden ser afectados o beneficiados con las medidas que adopten las autoridades que ellos deben escoger de un concurso de méritos y de impugnaciones. Tan es cierta esta influencia que el primero y más interesado es el propio gobierno central de turno, se probó con el caso del Contralor Carlos Polit, procesado por la justicia en Estados Unidos  acusado de actos de corrupción, quien en cada concurso, porque fueron varios a los que se sometió, obtuvo la máxima calificación de 100 sobre 100. Igual sucedió con los otros propuestos por el correísmo. Pero no sólo influyó en este organismo el ex Presidente Correa, también lo hizo su sucesor Lenín Moreno imponiendo a una Fiscal General pese a obtener en concurso público para demostrar sus conocimientos jurídicos 10 sobre 20, la actual Sra. Diana Salazar. Con seguridad el actual gobierno del Presidente Lasso también sigue con la práctica de influir y lo prueba las acusaciones y escándalos que rodean a este consejo.

En las próximas elecciones se va a elegir un número de consejeros para integrar este organismo en elecciones nacionales. Se están presentando las y los candidatos ofreciendo transparencia en su procedimiento y avalados por su vida y trayectoria ciudadana. Que aquellos que vengan se libren de las influencias y presiones del gobierno de turno es imposible al igual que presiones de los grupos de poder interesados en las designaciones. Pueden ser los candidatos lo más honestos y puros y serán por igual influidos, así se eligiera a las monjitas de la Caridad ellas tendrían la influencia del Obispo y si el caso fuese más gordo de resolver hasta del Papa Francisco. Así que dejémonos de ilusiones vanas y palabrería de acomodo; los que sean electos serán tan influenciables como sus antecesores.

Si se quiere mantener este organismo tal cual está legalmente establecido, la reforma debería contemplar que los candidatos los proponga la sociedad civil organizada puesto que de esa manera representarían a sectores de población organizados; por ejemplo las organizaciones de trabajadores, los gremios profesionales, las instituciones de empresarios, los intelectuales y académicos, instituciones culturales y educativas, las universidades, los gobiernos descentralizados etc. De esta manera la voz y accionar de los vocales sería hablando por las mujeres movilizadas en gremios de su incumbencia, los indígenas y afro descendientes, los campesinos y agricultores, los empresarios pequeños y medianos e incluso los grupos de poder económico más destacados. Tendríamos, entonces, un Consejo de Participación Ciudadana que rinde cuentas a la organización de la sociedad civil, a personas identificadas y no, como hoy día a una supuesta ciudadanía que no ejerce ningún control respecto a los delegados puesto que ellos se deben a sí mismo y no rinden cuentas a nadie.

Tan débil es la representación de estos consejeros que ya han dado muestra de uso y abuso de ese poder y por ello  algunos han sido defenestrados en varias ocasiones. De otra parte eso de no ser vigilados por nadie ha dado paso a una suerte de plácida y complaciente permanencia en el organismo en el cual se recibe influencia de todo tipo, que algunos de los vocales buscan afanosamente la reelección. Por bien del país sería conveniente que los organismos del Estado llamados a ello ejerzan una minuciosa investigación del patrimonio de cada uno de los vocales  a fin de verificar la forma como ha crecido y si ello guarda armonía con los ingresos declarados puesto que es un delito el enriquecimiento no justificado; de esta manera se estaría dando transparencia a un organismo llamado supuestamente a ser el ejemplo de la transparencia.