Pagos de Deuda Externa durante la peor crisis económica y sanitaria

Todo comenzó en junio de 2019 cuando el Ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, recompró USD 1175 millones de los 1500 millones de Bonos Soberanos 2020 en poder de tenedores privados. La recompra se hizo mediante la colocación de nuevos Bonos 2029 con un aparente ahorro en la operación de 50 millones, pero que no fue tal porque el pago de intereses se extendió hasta el año 2029. Quedó entonces un saldo de 325 millones de Bonos 2020 que vencían en marzo de 2020. Una extraordinaria operación financiera para aquellos tenedores de Bonos que los compraron con gran descuento y los vendieron a Ecuador al 100% de su valor nominal.

El 23 de agosto de 2018 Richard Martínez contrató un crédito por USD 500 millones a través de una operación REPO1 con el Banco Goldman Sachs. Este crédito fue garantizado con Bonos Soberanos por USD 1200 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a registrar en las estadísticas de deuda externa como pasivo contingente. La tasa de interés anual acordada fue 4.25% + Libor a 3 meses. El plazo fue de 4 años con pagos trimestrales de capital e intereses, comenzando con una cuota de 41.7 millones el año 2018; 125 millones el 2019; 125 millones el 2020; 125 millones el 2021; y, 83.3 millones de dólares el 2022.

El 30 de octubre de 2018 Richard Martínez contrató otro crédito por USD 500 millones a través de una operación REPO realizada con el Banco Credit Suisse. El plazo para pagar el capital fue 4 años con 5 meses y la tasa de interés anual 3.15% + Libor a 3 meses. El pago de intereses fue establecido trimestralmente y el capital al vencimiento del plazo en el año 2023. Este crédito también fue garantizado con Bonos Soberanos por USD 1250 millones, registrados por el Ministerio de Economía Y Finanzas como pasivo contingente.

El cuadro de Pasivos Contingentes del Gobierno Central incluido en el Boletín de Deuda Pública que produce y publica mensualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, registró hasta marzo de 2020 un saldo invariable de USD 3016.5 millones en el valor nominal de los Bonos Soberanos que sirvieron de garantía para las dos operaciones REPO.

Pero al cierre del mes de abril de 2020 se produjo una reducción de USD 2410.5 millones en el saldo de los pasivos contingentes que corresponde al valor nominal de los Bonos Soberanos de Ecuador que fueron liberados de la garantía, consecuencia inmedita de prepagar el total del saldo de capital de USD 833.3 millones más los intereses respectivos por las dos operaciones REPO que aún se encontraban distantes de su vencimiento.

En marzo de 2020, cuando la pandemia arreciaba y faltaban recursos para defender la salud y la vida de los ciudadanos el Gobierno de Moreno y Sonnenholzner también resolvió pagar 343 millones de dólares por el saldo de capital más intereses de los Bonos 2020. El Gobierno pagó la totalidad del capital de estos Bonos al 100% de su valor nominal. Sin embargo, si como correspondía, los incluía en la reestructuración de deuda junto a las otras 10 emisiones de Bonos Soberanos que realizó el propio Gobierno, Ecuador se habría beneficiado con un descuento de al menos 60% sobre su valor nominal, esto es, más de USD 200 millones de ahorro para los ecuatorianos.

1 Operación REPO con un banco, operación de reporto o repurchase agreement es un contrato de crédito por el cual el banco otorga un crédito respaldado en una garantía que el deudor (Ecuador) se obliga a liberar (recomprar) en un plazo determinado de acuerdo a las condiciones del contrato suscrito.

La gran mentira para pretender justificar el pago del saldo de los Bonos 2020 al 100% de su valor nominal fue presentarlo públicamente como requisito indispensable para que Ecuador obtenga en condiciones financieras muy favorables más de 2000 millones de dólares en créditos frescos provenientes de organismos multilaterales y muy especialmente de China. Como era previsible los créditos chinos nunca llegaron al país y los organismos multilaterales jamás exigieron semejante disparate.

Los pagos de capital e intereses por los Bonos 2020 y las dos operaciones REPO sumaron más de USD1232 millones y se realizaron entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2020. Ocurrieron no solo a pesar de la grave iliquidez fiscal existente sino de la peor pandemia en curso, con la gente muriendo por falta de atención y medicinas, más una lista de acreedores nacionales mpagos entre los que se encontraba el IESS con USD 887 millones.

Fue entonces público y evidente que el Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner y el Ministro de Finanzas Richard Martínez, fueron los principales funcionarios del Gobierno que impulsaron y defendieron los pagos anticipados de deuda pública externa realizados en medio de la crisis sanitaria y económica. Con seguridad en todo lugar y momento la inmensa mayoría de gobiernos entienden que la defensa de la salud y de la vida de las personas está sobre el pago de cualquier deuda.

Las deudas públicas y privadas constituyen obligaciones que deben honrarse. ¿Pero por sobre la vida de las personas? ¿Sólo las deudas internacionales o también las nacionales? No se trata de no pagar sino de establecer prioridades y tiempos de pago en situaciones imprevistas graves como las que sufría Ecuador. La economía tiene principios y leyes, pero sus fundamentos son éticos y morales, siempre en procura del Bien Común. Estos pagos de deuda pública externa no solo ignoraron esos fundamentos, también las circunstancias de vida o muerte de miles de personas.

Los funcionarios públicos deben entender que su primera obligación es servir al Bien Común y que si el Gobierno utiliza recursos indispensables para defender la salud y vida de las personas, además destinándolo al pago anticipado de deuda pública externa en medio de la peor crisis económica y sanitaria, no se protege ni su salud ni su vida, y tampoco se supera la crisis económica. Proteger a los más pobres y vulnerables no puede simplemente convertirse en mentira repetida. Es ante todo un mandato constitucional y un principio moral cuyo cumplimiento comienza cuando no existen intereses en conflicto con el Bien Común.